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Fijaciones y omisiones
por Marcelo Wio
9 de Agosto de 2013

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Esta semana los principales medios de comunicación en español se hicieron eco de la decisión de la Administración Civil israelí de construir nuevas viviendas en “asentamientos” ubicados en Judea y Samaria (renombrada Cisjordania por Jordania), pero omitieron mencionar los acuerdos suscritos entre israelíes y palestinos que no contienen ninguna prohibición (para ninguna de las partes) a la construcción o expansión de asentamientos.

El diario español ABC publicaba el 8 de agosto de 2013 un artículo donde indicaba que:

“La autorización preliminar para levantar estas viviendas llega en medio de las primeras charlas de paz entre israelíes y palestinos desde 2010, por lo que se teme que la medida pueda levantar fricciones en las ya de por sí volátiles negociaciones de paz. El gobierno palestino ha dejado claro al equipo negociador de Benjamín Netanyahu que una condición indispensable para reanudar las negociaciones directas es que se paralice la construcción de nuevas viviendas para judíos en Cisjordania”.

Por su parte, El País señalaba el mismo día que:

“La Administración Civil de Israel, organismo militar encargado de revisar los permisos de nueva obra en las colonias, ha dado luz verde a la construcción de 800 nuevas unidades en una decena de asentamientos de Cisjordania, suelo palestino ocupado según Naciones Unidas”.

El artículo no indicaba qué órgano de las Naciones Unidas estima que se trata de “suelo palestino ocupado”. Por lo pronto, la Asamblea General de dicho organismo internacional no tiene capacidad para legislar en términos de derecho internacional; sus resoluciones son mercas recomendaciones que no tienen carácter vinculante.

En tanto, el Consejo de Seguridad, en su resolución 242 - piedra angular de todo acuerdo o tratado de paz entre israelíes y palestinos - afirma que debe incluirse, para el restablecimiento de una paz justa, la “retirada de las fuerzas armadas israelíes de territorios [no de los] que ocuparon durante el reciente conflicto….”. Es decir, que la extensión del “territorio ocupado” no se determina y, muchos menos, indica que dicho territorio sea “territorio palestino” (en toda la resolución no se mencionan las palabras “Palestina” o “palestinos” ni una sola vez”.

Asimismo, el periódico 20minutos, el mismo 8 de agosto, afirmaba que:

“El anuncio coincide con la aprobación preliminar por parte de Israel de la construcción de más de 800 nuevas viviendas en colonias judías en los territorios palestinos ocupados, algo que Estados Unidos ha reprochado a su aliado”.

La agencia de noticias EFE, apuntaba el mismo día que:

“El Gobierno de Israel está promoviendo la construcción de alrededor de un millar de viviendas en colonias judías en los territorios palestinos ocupados, al tiempo que se intenta reanudar las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos…

[…]

Desde septiembre de 2010, el presidente palestino, Mahmud Abás, exigía a Netanyahu la paralización de los asentamientos como condición para sentarse a negociar pero, finalmente, optó regresar al diálogo aunque Israel no se comprometiese a ello”.

La agencia borra de un plumazo la decisión del gobierno israelí de excarcelar a 104 presos palestinos - la mayoría de los cuales fueron condenados por ataques en los que hubo víctimas mortales - como gesto de buena voluntad.
 
Por otra parte, el hecho de que existan precondiciones palestinas no implica derecho alguno ni que las mismas sean legítimas.

En definitiva, el denominador común de los artículos, es la línea básica que la mayoría de los medios siguieron, dando por hecho aquello que justamente las negociaciones deben establecer: una frontera que defina un territorio palestino definitivo.

Dore Gold, presidente del Jerusalem Centre for Public Affairs, sostenía en 2001 (Occupied Territories or Disputed Territories?) que describir esos territorios (Judea y Samaria) como “palestinos” puede servir a la agenda política de los palestinos, pero predetermina el resultado de futuras negociaciones territoriales que fueron previstas por la resolución 242 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. También comentaba que los palestinos, al invocar repetidamente la “ocupación”, han logrado revertir la causalidad del conflicto, especialmente frente a las audiencias occidentales.

Pero, además, pasaron por alto un hecho vital.

Tal como informa el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel en su página web, los Acuerdos de Paz entre israelíes y palestinos no contienen ninguna prohibición para la construcción o expansión de asentamientos:

“La Declaración de Principios provee, en el Artículo V, que las cuestiones de los asentamientos y de los israelíes [viviendo en los territorios en disputa] se encuentran entre un número de cuestiones que deben ser convenidas en las negociaciones sobre el estatuto permanente. El Artículo IV dispone que la jurisdicción de la Autoridad Palestina abarca ‘el territorio de Cisjordania y la Franja de Gaza, excepto para las cuestiones que se acordarán en las negociaciones sobre el estatuto definitivo.' Por consiguiente, no sólo no hay una restricción de los asentamientos durante el período provisional, sino que la Autoridad Palestina no tiene jurisdicción sobre los asentamientos o sobre los israelíes. Los asentamientos y los israelíes permanecen bajo autoridad exclusiva de Israel durante todo el período de transición.”

El teórico del derecho Jeffrey S. Helmreich, desarrolla el tema (Diplomatic and Legal Aspects of the Settlement Issue):

“…el acuerdo de paz alcanzado por Israel y los palestinos en Oslo, junto con el Acuerdo Provisional de 1995, permiten el crecimiento de los asentamientos así como el crecimiento - y la creación - de comunidades palestinas en los territorios en disputa. Los palestinos adquirieron los derechos para la planificación y la división por zonas en el área A; en tanto que Israel retuvo los mismos derechos en área C, donde los asentamientos estaban localizados. El estatuto jurídico se debía alcanzar y decidir sólo en las negociaciones de estatus finales que, lamentablemente, nunca ocurrieron. Hasta que este punto sea alcanzado, el crecimiento de asentamientos [en el área C] permanece dentro del alcance legal de los Acuerdos de Oslo”.

¿Por qué obviar, ni más ni menos, que la Declaración de Principios firmada en el marco de los Acuerdos de Oslo por palestinos e israelíes? ¿Quizás porque sólo de esa manera se puede insinuar – nada sutilmente – que Israel pone “obstáculos para la paz”; y que cualquier fracaso de las negociaciones ya tiene un “culpable” asignado de antemano?

Si esto es así, en realidad el lector se encuentra ante un texto ideológico disimulado como informativo. ¿De eso se trata el periodismo?

 
         
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