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Celeridad y cobertura selectivas
por Marcelo Wio
21 de Mayo de 2014

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Los medios de comunicación están siempre prestos a informar sobre cuestiones en las que el Derecho Internacional Público y el conflicto palestino-israelí se entrelazan. Bueno, en realidad, no siempre.

Así como daban cuenta de la posible incorporación de la Autoridad Palestina al Estatuto de Roma y, así, a la Corte Penal Internacional de manera amplia.

Amplia sí, pero no siempre acertada y, casi siempre, incompleta.

Así, por ejemplo, en el diario El País, Lluís Bassets, en un artículo de opinión indicaba el 27 de abril de 2014 que:

“Del presidente palestino se esperaban dos iniciativas: o su renuncia e incluso la disolución de la Autoridad Palestina y la devolución de las llaves de Cisjordania a Netanyahu, o un paso más en la firma de acuerdos internacionales, hasta llevar a Israel ante la Corte Penal Internacional por su ocupación ilegal de los territorios”.

Bassets suponía, a priori, una ilegalidad israelí; sin tener en cuenta la resolución 242 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidos o los Acuerdos de Oslo.

Por su parte, la agencia de noticias española Europa Press, oficiando de portavoz de ONG que presuponen la culpabilidad israelí – característica compartida, por lo demás, entre la prensa en español – señalaba que (8 de mayo de 2014):

“Un grupo de 17 ONG, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, se han unido para instar a Palestina a solicitar de forma ‘urgente' su adhesión al Tribunal Penal Internacional…

Las ONG firmantes… han remitido una carta al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, en la que subrayan que el TPI puede ser un instrumento para la búsqueda de justicia.

La adhesión a la corte de La Haya enviaría un ‘mensaje' de que ‘este tipo de crímenes no pueden cometerse con impunidad'”.

Las ONG ya juzgaron, y Europa Press compró.

Por cierto, si la carta se la enviaron al “presidente de la Autoridad Palestina”, cómo es que solicitaban la adhesión de “Palestina”.

En tanto, la agencia de noticias EFE apuntaba el 8 de mayo de 2014 que:

“La ANP tiene derecho a solicitar la adhesión al tribunal de la Haya desde que el 2012 la secretaria general de la ONU admitiera a palestina como estado observador.

Sin embargo, el presidente Abas aún no ha dado un paso que ayudaría a combatir el ataque indiscriminado a civiles o la ampliación de las colonias judías -ilegales según el derecho internacional- y al que se oponen frontalmente tanto Israel como Estados Unidos”.

 
¿La voz experta? ONG que distan mucho de ser imparciales (véase, por ejemplo, Amnistía Internacional: exentos de rigurosidad y Mal y breve, para HRW; y véase también Addameer).

No se le consulta ni un solo experto en Derecho Internacional Público… Y de eso es de lo que se está hablando.

Y justamente es la voz de un experto la que los medios obviaron, de manera rotunda, recientemente.

Ni más ni menos que la voz autorizada del ex Fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, estuvo la semana pasada Israel y allí dijo, según recogió el diario Ha'artez el 20 de mayo de 2014, entre otras cosas que el trabajo de la Corte es investigar y procesar sólo casos en los cuales el sistema legal local no está funcionando.

“Enuna dictadura pueden hacer que desaparezcas y matarte”, aseguró Moreno-Ocampo. “Pero aquí [en Israel], incluso si la situación es horrible, no puedes desaparecer; tienes el imperio de la ley”.

Para que la CPI dictamine sobre las actividades de Israel, "los palestinos tienen que demostrar que la decisión de [la corte israelí] era proteger a los acusados. Tendrían que probar que no fue un procedimiento justo".

También aseguró que la afiliación de la Autoridad Palestina a la CPI podría ser un arma de doble filo para los palestinos, ya que podría abrirse una investigación por presuntos crímenes de guerra, como el lanzamiento de cohetes y los atentados con bomba contra civiles israelíes.

Y señaló que:

“Los palestinos deberían preguntarse cómo lo harían [afiliarse a la CPI], porque si uno quiere incluir todo desde 2002 [cuando la CPI fue establecida], esto podría incluir cosas hechas por los palestinos…”.

Por qué será que, cuando la que se estimaba o suponía que la  podía ser una nueva herramienta política (CPI) para la “causa palestina” puede volverse en contra, los medios hacen de cuenta que el hecho noticioso no ha tenido lugar – en este caso, las declaraciones de quien fuera el Fiscal jefe de la propia CPI.

En algunos periodistas parece darse una mala voluntad o mala fe hacia los hechos, en otros muchos, un desconocimiento general galopante, que supone un pobre desempeño como profesionales.

El resultado: crónicas en las que abundan las declaraciones (favorables a la posición palestina) de fuentes dudosamente – cuando no evidentemente – autorizadas (ya sea por parciales, porque no son especialistas o porque es imposible contrastar sus afirmaciones) ya no como fuentes de la noticia, sino como noticia en sí.

Mientras tanto, los medios se suman a algo que difícilmente pedirían o aplaudirían en su propio país: la politización del derecho internacional o la judicialización de la política internacional, que conducen a una supeditación de la justicia a los intereses políticos y geopolíticos; es decir, a una parodia de la justicia en la que, siempre que Israel esté en el banquillo, deja a todos muy contentos.
 
 
 
 
         
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