ReVista
 
   
 
       
         
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
AMIA: 85 silencios, 19 años sin justicia
por Marcelo Wio
19 de Enero de 2015

Imprimir Imprimir | Enviar Enviar | Bookmark and Share Compartir
 
(Este artículo fue publicado originalmente en julio de 2013)
 
 
“Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos”, Jorge Luis Borges

“Cuatro características corresponden al juez: Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente”, Sócrates

“Sin orden jurídico estable y permanente, estamos frustrando el porvenir de la patria”, Arturo Umberto Illia, ex presidente de la Argentina entre el 12 de octubre de 1963 y el 28 de junio de 1966

 
 
 
Se puede morir, de manera trágica, de muchas maneras. En la Argentina, además, se cae – valga la redundancia -, trágicamente, en el olvido. En el caso de la AMIA, existen 85 formas distintas de decir injusticia y desmemoria. 85 muertes que cada 18 de julio mueren, por desidia o negligencia, un poco más.

La primera muerte, brutal, ocurrió el 18 de julio de 1994 cuando una trama planeada, financiada y organizada por Irán - y que utilizó al grupo terrorista libanés Hezbollah como brazo ejecutor -, atentó a las 9.53 de la mañana contra el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina con una camioneta cargada de explosivos.

Números es lo que parece haber dejado el atentado: 9.53 de la mañana. 18 de julio de 1994. 1 furgoneta bomba. 1 terrorista suicida. 300-400 kg de explosivo. 1 país detrás del atentado (Irán). 1 brazo ejecutor (el grupo terrorista libanés Hezbollah). 633 de la calle Pasteur. Al menos 151 heridos. 85 muertos. 19 años.

Números e impunidad: la justicia argentina mostrando su peor cara, el reverso de sí misma, su contrario; una “justicia” sin balanza y sin escrúpulos.
 
 
 
 
 
El antecedente: el ataque a la Embajada de Israel en Buenos Aires

En el informe de la Unidad de Investigación de la Oficina del Fiscal General – firmado por el Fiscal General Alberto Nisman, el Fiscal de Distrito Marcelo Martínez Burgos y el Secretario General de la Oficina del Fiscal General, Hernán Longo -, fechado el 25 de octubre de 2006, los fiscales explicaban que consideraban el ataque a la Embajada de Israel como un elemento de fondo clave para el ataque contra la sede de la AMIA, ya que, además de su proximidad en el tiempo y el espacio entre ambos eventos, comparten una serie de características que convierten a predecesor inmediato en una fuente de información vital que puede arrojar luz sobre el ataque a la Mutual judía.

El documento de los fiscales expone que:

“La corte describió a la organización como el ‘brazo militar' de Hezbollah e identificó a Fayiz Mughniyah como la persona responsable del ataque”.

Matthew Levit, senior fellow y director del Stein Program en Contraterrorismo e Inteligencia en The Washington Institute, y David Schenker, senior fellow y director del programa de Política Árabe del mismo instituto, escribieron en febrero de 2008 que:

“La primera operación importante de Mughniyeh fuera del Líbano fue el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en marzo de 1992 donde asesinó a 29 personas. Dos años más tarde, dirigió el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en la misma ciudad, matando a ochenta y cinco personas”.

Nisman y Martínez Burgos sostenían que las similitudes sorprendentes entre los dos ataques, en conjunción con el relativamente breve periodo de tiempo entre los mismos, son elementos adicionales que claramente apoyan nuestro argumento de que ambos ataques fueron orquestados por la misma organización terrorista.

 
Causa truncada

El 16 de julio de 1999, Memoria Activa con el copatrocinio del centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por el derecho y la justicia Internacional (CEJIL) y el Dr. Alberto Luis Zuppi presentaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que denunciaron que el Estado argentino era responsable por la violación del derecho a la vida y a la integridad física de las víctimas, así como por la violación de los derechos de las víctimas y sus familiares a obtener justicia por parte de los tribunales locales. A raíz de esta denuncia, el 22 de febrero de 2005 se publicó la Observación del Decano Claudio Grossman, Observador Internacional de la CIDH en el juicio sobre el atentado contra la AMIA.

La Observación señalaba que:

“… la causa AMIA fue básicamente dividida en dos líneas de investigación: una que cubrió la llamada “conexión local” y la otra que investigó la “conexión internacional”. Se sometió a juicio oral solo una parte de la conexión local. El resto de la investigación –conocida como “Amia residual” estuvo a cargo del Dr. Galeano hasta fines del 2003, fecha en que fue apartado de la causa por la Cámara de Apelaciones. La causa quedó radicada en el juzgado a cargo del Dr. Canicoba Corral, quien recientemente delegó la instrucción en la fiscaliza a cargo del Dr. Nisman”.

El juicio oral de la llamada “conexión local” –partícipes necesarios y delitos conexos— concluyó el 2 de septiembre de 2004 con la declaración de nulidad de todo lo obrado a partir del inicio de la causa Brigadas (el juez Galeano había ordenado formar una nueva causa, en 1995, para investigar la presunta implicación de policías de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el atentado).

Grossman apuntaba que en lo referente a la causa “AMIA residual”, no se ha llevado a juicio a persona alguna; más aún, no existe una sola persona detenida o acusada de participar del atentado, aunque existen algunos imputados y sospechosos contra quienes se dictaron órdenes de captura.

Por otra parte, el informe de la CIDH indica que:

“Se pudo determinar que una persona de origen sirio, Jacinto Kanoore Edul, llamó a Telleldín el 10 de julio de 1994 [día en que supuestamente se habría entregado la furgoneta] para pedirle datos sobre la camioneta Traffic que vendía y había anunciado en un diario local y nunca pudo explicar dicho llamado. El juez Galeano sostuvo que esa evidencia no era suficiente para involucrar a dicha persona quien aun se encuentra con una falta de mérito. Cuando los agentes de la SIDE declararon ante el Tribunal manifestaron la pista de Kanoore Edul como la conexión local, descartando la participación de los policías bonaerenses”.

El diario argentino La Nación informaba el 28 de julio de 2009 que en la agenda de Kanoore Edul, se encontró el número telefónico de Mohsen Rabbani, ex secretario cultural de la embajada iraní en Buenos Aires, con pedido de captura por el atentado.

En este sentido, el diario Página12 publicaba el 22 de junio de 2005 que:

“El fiscal especial del caso AMIA, Alberto Nisman, a cargo de las investigaciones del atentado y de las maniobras producidas en la causa, sorprendió ayer poniendo la lupa sobre una de las pistas más llamativas: la del empresario Alberto Jacinto Kanoore Edul. […]En los primeros días posteriores al atentado hubo dos datos impactantes: desde el celular de Kanoore se hizo una llamada al domicilio de Carlos Telleldín el 10 de julio de 1994, justo el día en que la camioneta Trafic salió de las manos de Telleldín. El segundo dato es que el camión que dejó un volquete frente al edificio de la AMIA cinco minutos antes del atentado pasó inmediatamente después por un predio vacío de la calle Constitución, ubicado a un paso del domicilio de Edul”.

El mismo diario indicaba en mayo de 2008 que:

“La hipótesis tácita que exhibe Nisman es que alguien relacionado con Edul le compró la camioneta a Telleldín, se la entregó a hombres del agregado cultural de Irán, Mo-shen Rabbani, y éste al terrorista que voló la AMIA. Esa secuencia, todavía no pudo ser probada. Y se van a cumplir catorce años del ataque.

Estos elementos llevaron al juez Juan José Galeano a pedir la intervención de los teléfonos del empresario pero, según descubrió ahora el fiscal Nisman, las transcripciones de las escuchas desaparecieron. Además, en aquel momento Galeano detuvo a Kanoore por unas horas. Según declaró Cristina Fernández de Kirchner, el juez recibió una llamada del hermano del presidente Carlos Menem, Munir, interesándose por Kanoore.

Nisman ahora descubrió que durante aquella detención Galeano sólo le tomó a Kanoore una declaración como testigo, y recién en 2000, seis años después del ataque, lo interrogó como sospechoso".

Y justamente, debido a las omisiones investigativas en cuanto a esta pista (que se dio en llamar “pista siria”, aunque sólo involucraba a una persona descendiente de sirios), explicaba La Nación, la fiscalía pidió la detención del ex presidente Carlos Menem, de su hermano Munir, del ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y del ex juez federal Juan José Galeano.

También, la agencia de noticias Télam publicaba el 27 de junio de 2013 que:

“…se encomendó al juez federal Ariel Lijo investigar la ‘existencia de una imputación concreta hacia la persona de Carlos Vladimiro Corach, que no ha sido tratada hasta el presente' en alusión a las causas penales ya elevadas a juicio oral por el pago ilegal de 400 mil dólares al acusado Telleldín y por el desvío de la llamada ‘pista siria'.

Corach no figura entre los procesados por ninguna de las dos causas, aunque sí deberán enfrentar juicio en fecha sin definir aún ante el Tribunal Oral Federal 2 el ex presidente Carlos Menem, el ex titular de la SIDE Jorge Anzorreguy, el ex juez del caso Juan José Galeano y el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, entre otros”.

Además, la Cámara Federal porteña revocó los sobreseimientos de secretarios judiciales y policías por destrucción de pruebas.

En tanto, Grossman, ordenando los elementos de manera cronológica, apuntaba que fue el 18 de julio de 1994 –el mismo día del atentado- cuando se inició la causa penal en la que intervino –por encontrase de turno- el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 9, cuyo titular era el Dr. Juan José Galeano. En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron los doctores Eamon Mullen –titular de la Fiscalía Nº 9- y José Barbaccia, fiscal adjunto. En el marco de la causa por el atentado, coloquialmente conocida como causa AMIA, hubo básicamente una persona detenida, Carlos Alberto Telleldín, identificada como la última persona que había tenido en su poder la camioneta Traffic que contuvo el explosivo (Telleldín tenía un desguace de coches).

En 1995, según explicaba Grossman - y como ya se mencionó anteriormente -, el juez Galeano ordenó formar una nueva causa para investigar a la policía, causa que se conoce como “Brigadas”, que fue declarada nula posteriormente por el Tribunal Oral Federal No. 3. Bajo la investigación de delitos comunes, en dicha causa se fue juntando prueba para imputar a algunos policías bonaerenses haber participado en el atentado. Ambas causas –AMIA y Brigadas- tramitaron en forma paralela hasta que en diciembre de 1998 la Cámara de Apelaciones ordenó al magistrado instructor acumularlas; y que el Tribunal Oral entendió – según el informe de la CIDH - que la división de las causas fue una argucia del magistrado para lograr diferentes objetivos, no siempre lícitos.

Durante las primeras declaraciones, Telleldín manifestó haber vendido la Traffic a una persona de nombre Ramón Martínez. También relató que había tenido una serie de inconvenientes con la Brigada de Investigaciones de Vicente López (policía bonaerense). Años después, sin embargo, cambió el contenido de su declaración, involucrando a cinco policías de la provincia de Buenos Aires, como aquéllos que habrían retirado la furgoneta Traffic de su domicilio, y que posteriormente se utilizó para atentar contra la AMIA.

Luego se supo que esto sucedió luego del pago de 400.000 dólares. Y que el juez Galeano había ordenado instalar cámaras para grabar entrevistas privadas. Dichas cintas (excepto una, que vio la luz pública), han desaparecido, así como cintas de grabaciones telefónicas efectuadas por la policía y por los servicios de inteligencia.

Finalmente, “los jueces del Tribunal Oral decidieron que la imputación del atentado efectuada a los policías fue el resultado de una hipótesis armada por el juez Galeano a quien diversos funcionarios le habrían dado apoyo y colaboración. El punto culminante de dicho armado habría sido la declaración indagatoria de Telleldín obtenida a cambio de un pago de 400.000 dólares, dinero proporcionado por la Secretaría de Inteligencia de Estado a pedido del juez”.

A todo esto, mientras se desarrollaba el juicio oral, tanto el juez como los fiscales fueron separados de la causa AMIA.

La decisión final adoptada por los jueces fue la declaración de nulidad de una gran parte de la investigación –la causa “Brigadas”- y, como consecuencia de ella, la absolución de los acusados.

Además de las absoluciones, el informe indica que los jueces ordenaron investigar la conducta de diferentes funcionarios de los tres poderes del estado:

I. El Juez Galeano y a los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia; II. Los jueces federales Gabriel Cavallo y Norberto Oyarbide; III. Miembros del Poder Ejecutivo: quienes al momento del hecho se desempeñaban como Ministro del interior –Carlos Corach- y Secretario de Inteligencia –Hugo Anzorregui-: IV. A los funcionarios de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) que realizaron intervenciones telefónicas sin orden judicial; V. A los miembros de la Comisión Bicameral de seguimiento de los atentados, integrada por Senadores y Diputados.

Finalmente, en marzo de 2010, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la destitución por mal desempeño del ex juez federal Juan José Galeano, resuelta por el Consejo de la Magistratura a raíz de graves irregularidades cometidas en la investigación del atentado a la AMIA, que tuvo a su cargo durante casi una década.

En cuanto a Anzorregui y a Corach, “no sólo se les reprocha haber aceptado realizar el pago, sino de haber sido parte de los ideólogos del pago y del armado de la pista policial”.

La Observación de la CIDH también señala que:

“El Tribunal ordenó también que se remitieran constancias al Consejo de la Magistratura de la actuación de dos jueces federales que intervinieron en causas conexas a la investigación por la causa AMIA: al juez Gabriel Rubén Cavallo, por su intervención en la causa en la cual se investigó el contenido del video y la eventual responsabilidad del juez y de su secretario; y al juez Norberto Mario Oyarbide que realizó parte de la instrucción de la causa en la que se investigó una coacción en contra del Dr. Galeano. El primero de ellos también fue denunciado por la posible comisión de delitos de acción pública en el trámite de su excusación en la causa en la que intervino”.

Según el informe de la CIDH, el Tribunal sostuvo que:

“… se había acreditado que el 18 de julio de 1994, aproximadamente a las 9:53 de la mañana, un vehículo Renault Camioneta Traffic, conducido por una o más personas cuyas identidades se desconocen, se aproximó hasta la puerta del edificio de la calle Pasteur 633 y tras subir a la acera detonó la carga explosiva que llevaba en su interior estimada en su equivalente a TNT entre 300 y 400 kgs. provocando un estallido que produjo el colapso de la parte delantera del edificio, daños de diversa índole en un radio aproximado de 200 metros y, como consecuencia, el fallecimiento de 85 personas, y lesiones al menos a 151 individuos”.

 
 
El Informe de la Unidad de Investigación de la Oficina del Fiscal General (La causa a cargo del juez Canicoba Corral y el fiscal Alberto Nisman)
 
 
Esta Unidad redactó un informe – firmado por el Fiscal General Alberto Nisman, el Fiscal de Distrito Marcelo Martínez Burgos y el Secretario General de la Oficina del Fiscal General, Hernán Longo -, fechada el 25 de octubre de 2006 en el que señalaba que el atentado contra la sede de la AMIA fue llevado a cabo por la organización terrorista libanesa Hezbollah por orden de las más altas autoridades del gobierno iraní, y con el apoyo local de diplomáticos iraníes que estaban acreditados en la Argentina. Este hecho no excluye la posibilidad de que otras personas estuviesen involucradas en el atentado.
 

1. La decisión de llevar a cabo la operación

El informe decía que:

“Uno de los elementos más importantes que indica que las más altas autoridades del gobierno iraní fueron las responsables del ataque contra la AMIA está constituido por las declaraciones de varias personas (de distintas afiliaciones ideológicas) que, de una forma u otra, tienen lazos directos con el régimen de Teherán, y cuyos testimonios nos han permitido establecer que la decisión de llevar a cabo el ataqué se adoptó el 14 de agosto de 1993 en Mashad, Irán, en una reunión del llamado Comité para Operaciones Especiales (Omure Vijeh), que entonces estaba compuesto por las más altas autoridades religiosas y políticas del régimen iraní”.

En el texto se dejaba constancia de las personas que asistieron a una reunión en la ciudad de Masad, Irán, el sábado 14 de agosto de 1993, a las 4.30 pm: el líder espiritual Ali Khamenei; el presidente iraní, Ali Akbar Rafsanjani; el ministro de exteriores, Ali Akbar Velayati y el ministro de inteligencia (Vevak), Ali Fallahijan. A su vez, indicaba el informe, estos hombres componían el Omure Vijeh o Comité para Operaciones Especiales. También estuvieron presentes en la reunión Mohsen Rabbani (que en ese momento era el sheikh de la mezquita At-Tahuid, en Buenos Aires) y Ahmad Asghari (tercer secretario de la Embajada de Irán en Buenos Aires), que residían en la Argentina en ese momento, a los que se le solicitó que viajasen a Irán especialmente para intervenir como consejeros de la propuesta que se discutiría: que Argentina debía designarse como un país “objetivo” para un ataque terrorista.

Nisman y Martínez Burgos indicaban, entonces, que tanto Rabbani como Ashari jugaron papeles clave en la infraestructura de inteligencia que el gobierno iraní tenía en Buenos Aires al momento del ataque, “sin el cual una operación de la magnitud del atentado contra la AMIA no podría haberse llevado a cabo”.
 
 
 
 Fuente: Infobae
 
 
En cuanto a la propuesta discutida y aprobada durante la reunión, los fiscales remarcaban que se originó en la llamada Oficina de Inteligencia y Seguridad, encabezada por el propio presidente Rafsanjani, y compuesta por Fallahija, comandante de la Fuerza Quds; Ahmad Vahidi; Mohsen Rezei, comandante de la Guardia Revolucionaria (Pasdaran) y el ministro de exteriores. La elección de la AMIA, como objetivo para el ataque, fue el resultado del análisis de varios informes de inteligencia que fueron enviados a la Oficina de Inteligencia por varios agentes iraníes.

Los fiscales apuntaban en su informe que Abolghasem Mesbahi – quien está capacitado para declarar sobre el ataque a la AMIA en virtud de haber trabajado para el Vevak, por su participación en operaciones de una naturaleza similar al atentado contra la AMIA, y por su estrecha relación con el entonces segundo al mando del Vevak, Said Eslami – declaró que hubo un comité especial llamado Vijeh para este tipo de operación bajo la presidencia de Ali Khamenei, y cuyos otros miembros eran Rafsanjani, Mir Hejarzi, Rohani, Velayati y Fallahijan.

Rohani es el actual presidente de Irán (véase el artículo Hassan Rouhani - El 'moderado' de los extremistas, de ReVista). Es preciso aclarar que, según le explicó el fiscal Alberto Nisman a ReVista, más allá de los órganos que Rohani integró, no estuvo en la reunión en la que se tomó la decisión de llevar adelante el atentado. Además manifestó que Rohani no estuvo ni está imputado por el atentado.

El informe recoge el testimonio de Abolghasem Mesbahi, ex miembro del servicio de seguridad iraní (y “extremadamente familiar con este tipo de operaciones”), quien dice:

“La mayor parte de la información y de las instalaciones para todo fueron proporcionadas por el Sr. Rabbani, que le permitió a Irán tomar esta decisión. El Sr. Rabbani estaba en contacto con mucha gente, incluyendo iraníes, era por lo tanto la única persona que residía en la Argentina que tenía la información sobre el acontecimiento. Sin embargo, personal del servicio de inteligencia en la agencia conocía mucho sobre el tema, pero nunca habían sido residentes de Buenos Aires”.

Una vez tomada la decisión, los fiscales explicaban que el entonces ministro de inteligencia, Ali Fallahijan estuvo a cargo de organizar los diversos aspectos de la operación desde Irán, y que instruyó a Imad Moughnieh (jefe de operaciones internacionales de Hezbollah en ese momento) para que coordinara los aspectos operativos del ataque. En este sentido, informes anexos a los expedientes del caso, apuntaba el informe, sugieren que Moughnieh fue el encargado de establecer el grupo operativo cuya tarea era llevar a cabo el ataque. Con toda probabilidad, los miembros de este grupo ingresaron a la Argentina a principios de julio de 1994, tal como señalan los registros telefónicos que fueron analizados por la unidad de investigación encabezada por Nisman.

Entonces, los fiscales subrayaban que:

“…no debemos perder de vista la gravedad institucional que entraña el hecho de que altos funcionarios estuviesen directamente involucrados en la toma de decisiones para llevar a cabo ataques terroristas”.

Y explicaban que cuando el Consejo llevaba a cabo este tipo de actividades “extralegales”, oficialmente atribuían la decisión al Comité para Operaciones Especiales (Omure Vijeh). Pero esto constituía un mero cambio de denominación, ya que el Comité para Operaciones Especiales y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional esencialmente estaba compuesto por los mismos miembros. Esta designación dual, fue explicada por el ex presidente iraní, Abolhassan Bani Sadr, cuando dijo que “el Consejo no puede adoptar una decisión oficial de este tipo, pero sus miembros constituyeron un consejo paralelo que existía en la realidad pero no oficialmente”.

En este sentido, la Corte Suprema de Berlín llegó a una conclusión similar en el caso Mykonos, afirmando que la única función del Comité para Operaciones Especiales era la toma de decisiones para llevar a cabo operaciones terroristas (el 17 de septiembre de 1992 el Dr. Sadegh Sharafkandi, secretario del partido Democrático Iraní del Kurdistán, y tres de sus colegas, fueron baleados con una ametralladora en el restaurante Mykonos de Berlín. La Corte Regional Superior de Berlin proveyó una precisa descripción de las relaciones existentes entre Hezbollah y el gobierno iraní y concluyó que las más altas autoridades iraníes eran los máximos responsables por el ataque).

Una vez que este tipo de decisiones habían sido aprobadas, continuaba el informe de la Unidad de Investigación de la Oficina del Fiscal General, se le solicitaba al líder espiritual que autorizara la ejecución del plan:

“El decreto religioso, que era competencia únicamente del líder espiritual, y cuyo propósito era promulgar la decisión que había sido adoptada por el Comité para Operaciones Especiales, se conoce como una fatwa”.

El ex presidente Bani Sadr explicó la necesidad de emitir una fatwa:

“Una autoridad debe emitir la autorización, porque si falta, la acción sería considerada como un delito grave o un delito menor en lugar de cómo un acto religioso, y en este sentido estaría prohibido por la ley islámica. Por ejemplo, si Khamenei autoriza un cierto acto, es considerado como un descargo, y no como un crimen”.

 
2. El terrorismo como un instrumento de la política exterior

Los fiscales encontraron, “más allá de toda duda”, que durante el período que condujo al atentado contra la AMIA, la utilización de las estructuras gubernamentales iraníes y de recursos estatales para cometer crímenes que “pueden definirse como actos de terrorismo internacional, no era una práctica poco común dentro del contexto de la política exterior iraní; y se realizaba con vistas a exportar la radical visión iraní del Islam y, al mismo tiempo, para eliminar a los adversarios del régimen”.

Nisman y Martínez Burgos indicaban que:

“… los excesos verbales y las amenazas veladas que los líderes iraníes dirigen a menudo contra sus oponentes y contra el gobierno de Israel son más que mera verborragia: se traducen en acciones criminales concretas”.

Los fiscales analizaron, para sostener su afirmación, varios casos que muestran similitudes y paralelismos entre los eventos acaecidos, y concluyen que las acciones fueron perpetradas de acuerdo a un modus operandi preconcebido y que fueron coordinadas por un único individuo – un individuo cuya presencia era absolutamente esencial para la coordinación de las varias actividades que desarrollaron un sistema terrorista. Ese individuo, apuntan, era Ali Fallahijan, entonces ministro de inteligencia iraní.

Entre los casos analizados, se encuentran, entre otros:

- El asesinato de Kazem Radjavi; el asesinato de Chapour Bakthiar;

- El caso Mykonos;

- El atentado con bomba contra el vuelo de Alas Chiricanas sobre Panamá que le costó la vida a 21 personas (el ataque ocurrió el día siguiente al atentado contra la AMIA y, como en éste, en el mismo comunicado, un grupo que se autodenominaba Ansar Allah se atribuyó la autoría del ataque. Este grupo, aclaran los fiscales, resultó ser inexistente, y de hecho, era un nombre inventado por Hezbollah para atribuirse la responsabilidad de sus ataques fuera de la zona de combate);

- El ataque en la Franja de Gaza (un terrorista suicida que conducía un camión cargado de explosivos embistió contra un autobús en el que, entre otros, viajaba Alisa Flatow, cuyo padre interpuso una demanda civil en la corte del Distrito de Columbia contra la República de Irán, el Ministerio de Inteligencia de ese país, el Ayatolá Alí Khamenei, Ali Akbar Hashemi-Rafsandjani y Ali Fallahijan. La corte estadounidense aceptó como probado que Irán patrocina actividades terroristas);

- El atentado con bomba contra las torres Khobar, en Arabia Saudita (el 25 de junio de 1996, le costó la vida a 19 soldados estadounidenses y dejó un saldo de 384 heridos).

Respecto del caso Mykonos, que se mencionó anteriormente, la Corte Superior de Berlín manifestó que el presidente Rafsanjani fue miembro del comité facultado para aprobar la decisión final de asesinar a los opositores del régimen iraní. Este mismo comité tomó la decisión de llevar a cabo el atentado contra la AMIA en la Argentina.

Nisman y Martínez Burgos señalaban que hay una clara dicotomía entre entres las actividades políticas en el exterior que Irán realiza abiertamente, a través de los canales diplomáticos, y entre aquellas conduce de manera encubierta a través de acciones ilegales como el ataque contra la AMIA:

“Esto fue apuntado por Ali Reza Ahmadi y Hamid Reza Eshagi, quienes advirtieron que el terrorismo en uno de los pilares del régimen iraní”.

El testigo James Bernazzani, director de la oficina del FBI en Nueva Orleans y un experto en terrorismo, coincidía:

“El Irán es un estado que patrocina el terrorismo, y es una de las pocas naciones que utiliza el terrorismo como herramienta de política exterior. Los estados terroristas reclutan, entrenan, arman y promueven el desarrollo de organizaciones que utilizan el terrorismo para implementar un aspecto de su política exterior. […] En lo que a mí concierne, todas las operaciones terroristas de Hezbollah fuera del Líbano han sido llevadas a cabo en respuesta a órdenes desde Irán”.

Por su parte, el informe advertía que es importante la cooperación entre el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica (Ershad) y el Ministerio de Exteriores, puesto que estas dos organizaciones proveen de un excelente entorno encubierto para realizar actividades fuera de Irán.

De hecho, los fiscales apuntaban que Velayati (entonces ministro de Exteriores) no sólo participó en el proceso de toma de decisiones que condujo al atentado, sino que también, a través de su ministerio, “proporcionó cobertura diplomática para uno de los agentes iraníes más involucrados en el ataque (Mohsen Rabbani); proporcionó los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones; selección operativos del Ministerio de Exteriores para llevar a cabo el ataque;… y tomó medidas para evitar que los diplomáticos iraníes más importantes de la región se vieran directamente vinculados con el ataque”.

Además, decían que no había dudas de que las actividades en el extranjero son a veces llevadas a cabo por agentes del Vevak que utilizan las estructuras encubiertas del Ershad para reclutar a activistas islamistas. De la misma manera, el Ministerio de Exteriores y sus representantes en el exterior hacen uso de agentes del Vevak y Padaran para llevar a cabo sus actividades, proporcionado cobertura diplomática y pasaportes, y transportando equipamiento militar a través del correo diplomático.

Los fiscales recalcaban que:

“La interrelación entre el Ministerio de Inteligencia [Vevak] y el Ministerio de Exteriores se hizo evidente desde el momento en que uno entraba en el edificio principal del Ministerio de Exteriores en Teherán y se encontraba con una agencia del Vevak conocida como Departamento 240, que servía como enlace entre ambos ministerios y que coordinaba las actividades en el extranjero de los agentes del Ministerio de Inteligencia que llevaban a cabo sus misiones con cobertura diplomática”.

E indicaban que, efectivamente, el gobierno iraní sistemáticamente utiliza a las embajadas como verdaderos servicios de inteligencia. Además, indicaban que la existencia del Departamento u Oficina 240 fue corroborada a través de las declaraciones de Ali Reza Ahmadi and Hamid Reza Eshagi; Hadi Roshanravani (miembro del Comité para Asuntos Internacionales del Consejo Nacional de la Resistencia Iraní) y el ex presidente iraní Abolhassan Bani Sadr.

Así, los fiscales, en su informe, llegaban a hablar de una “matriz terrorista”. Cuyos principales componentes son: la centralizada toma de decisiones por parte de las autoridades del gobierno iraní; la utilización de las embajadas y oficinas culturales como servicios de inteligencia, y de sus funcionarios como agentes; establecimiento de un sistema de células y enlaces; existencia de los llamados “negocios pantalla”; utilización de mezquitas como fuente de reclutamiento de elementos operativos fundamentalistas, y como lugar para transmitir información sensible; utilización de coches bomba para llevar a cabo ataques; y presencia de grupos operativos, entre otros.
 

3. Infiltración en la Argentina

Mucho antes del ataque contra la sede de la Mutual Judía, y dentro del marco de la “exportación de la revolución iraní”, los fiscales explicaban que “el gobierno iraní había establecido en la Argentina una infraestructura clandestina de inteligencia y espionaje que, a medida que se acercaba la fecha del ataque, progresiva y sistemáticamente se reforzaba”.

Nisman y Martínez Burgos aseguraban, a su vez, que sin los beneficios logísticos y operativos aportados por dicha red, una acción terrorista de la escala del ataque contra la AMIA no podría haberse llevado a cabo.

Además, sostenían, esta red de inteligencia y espionaje constituye la prueba más firme que señala, en última instancia, al gobierno iraní como responsable del ataque, puesto que este andamiaje representaba la máxima garantía de éxito para la operación. En esta red, la embajada servía como un sistema de coordinación.

El documento de los fiscales indicaba:

“… Argentina fue infiltrada por el servicio de inteligencia iraní, que a mediados de los 1980 comenzó a establecer una vasta red de espionaje que se convirtió en un servicio de inteligencia completo que compuesto por la Embajada iraní y su Oficina Cultural en Buenos Aires; elementos extremistas asociados a las mezquitas chiíes At-Tauhíd en Floresta, Al Iman en Cañuelas y El Mártir en San Miguel de Tucumán; los negocios a los que hemos referidos como ‘tapaderas' – GTC y Imanco -…”.

Y agregaban que:

“Nuestro informe muestra la fuerza impulsora detrás de estos esfuerzos era el sheik Mohsen Rabbani, que luego se convirtió en el agregado cultural de la Embajada de Irán en la Argentina. Desde su llegada al país en 1983, Rabbani comenzó a sentar las bases que posteriormente permitieron implementar y desarrollar la red de espionaje”.

Respecto de Mohsen Rabbani, Claudio Grossman, Observador Internacional de la CIDH comentaba que la Corte Suprema Argentina, no permitió que se lo indagara en 1994 y el Gobierno optó por “invitarlo” a salir del país. Rabbani volvió a Irán en 1998, después de permanecer en Argentina durante 14 años.

Abolhassan Bani Sadr, ex presidente de Irán, declaró que:

“En los países en los que Irán lleva a cabo operaciones terroristas, la mayoría de los empleados de la Embajada son agentes del servicio de inteligencia iraní, Vevak, o de la Guardia Revolucionaria”.

Por su parte, Philip Wilcox, coordinador de contraterrorismo en el Departamento de Estado de Estados Unidos, manifestó que:

“… las células de Hezbollah en América Latina y en otros países del mundo depende de la dirección y del apoyo logístico de los oficiales de inteligencia iraní que están destinados en las embajadas iraníes en la región”.

Además de la utilización de las embajadas, como sistema de coordinación, el informe señalaba la existencia de las llamadas células durmientes (o fuentes). De acuerdo al testimonio de Mesbahi, estas células están compuestas por agentes del Vevak que “tenían una misión muy clara, que era aprender el idioma e integrarse en el tejido social. Sabían que, si era necesario, podían ser llamados para actuar como agentes en cualquier momento…”. El propio Mesbahi indicó que “la primera etapa para una fuente durmiente era a través del estatus de estudiante, y la segunda, a través de la actividad empresarial”, que ejemplificó con la empresa GTC y la agencia de noticias IRNA.
 

4. Tapaderas empresariales

Los fiscales señalaban que Abolghasem Mesbahi afirmó que los negocios-tapadera servían para generar ingresos, manejar fuentes y proveerles una amplia cobertura. En este sentido, GTC (Government Trade Corporation) realizó numerosas tareas de inteligencia para el Vevak. Y también declaró que:

“Líneas Navieras de Irán es una compañía naviera administrada por la Guardia Revolucionaria, y coordina todos las actividades comerciales ilegales de Irán. Esto incluye tareas como el transporte de gente ilegalmente; emitir documentación de transporte falsa, o alterar documentación comercial cambiando la designación de los bienes enumerados en la documentación. También llevan a cabo secuestros”.

Por su parte, Nisman y Martínez Burgos decían que:

“Nuestra investigación también determinó que este tipo de actividades fueron incorporadas en la Argentina por medio de la presencia de una filial de la empresa estatal Government Trade Corporation (GTC). Más tarde, otra compañía llamada Imanco S.A. fue creada en la Argentina por iraníes residentes en el país, esta empresa tenía vínculos muy estrechos con el gobierno iraní”.

GTC se registró formalmente en la Argentina el 5 de Marzo de 1985. En 1993 la empresa se mudó de sus oficinas originales a la calle Esmeralda 847. 10º piso H. La oficina cultural de la Embajada iraní también se mudó a esa dirección en ese momento.

Los fiscales sostenían que claramente, GTC estaba actuando como el representante comercial del gobierno iraní. Lo que explica, hasta cierto punto, el contacto frecuente entre GTC y la Embajada de Irán en Buenos Aires.

La Secretaría de Inteligencia argentina afirmó que GTC proveyó cobertura a operativos de inteligencia iraníes en la Argentina.

Es más, uno de los altos ejecutivos de GTC en Argentina, Seyed Jamal Youssefi, había servido anteriormente como comandante de la Primera División de Pasdaran, y era un miembro de la Fuerza Quds. Su reemplazante, Hossein Parsa, que tenía tanto un pasaporte ordinario como uno de servicio, firmó el contrato de alquiler de su departamento en Buenos Aires en las oficinas de la Embajada iraní en Buenos Aires; sus testigos: Youssefi y el tercer secretario de la Embajada, Ahmad Asghari.

El informe de Unidad de Investigación de la Oficina del Fiscal General relataba que fue difícil reconstruir las actividades comerciales de GTC ya que la compañía sólo envió documentación a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para el período enero-febrero de 1995, durante el que no comunicó ninguna actividad comercial”.

Es decir, ninguna actividad durante nueve meses.

Así, los fiscales concluyeron que esta circunstancia era atribuible al hecho de que la razón de ser de GTC era proveer de cobertura a la red de inteligencia que el gobierno iraní había establecido en la Argentina.

En cuanto a la otra compañía, Imanco, que se registró oficialmente el 21 de septiembre de 1989, descrita como una empresa dedicada a la importación y exportación, la Secretaría de Inteligencia aseguró que no realizó importancia o exportación de ningún tipo del 30 de octubre de 1989 al 31 de mayo de 1992, ni se detectó ninguna otra operación que pudiese justificar su existencia. Esto, concluían los fiscales, indica que era una empresa tapadera para la inteligencia iraní.

La Dirección General de Aduanas consignó que la compañía comenzó sus actividades de exportación el 1 de enero de 1996, algo más de seis años después de su registro.

La entonces Dirección General Impositiva (ahora AFIP) manifiesto que Imanco no presentó ninguna operación, a excepción de una venta por 25.000 pesos en julio de 1993.

Una sola transacción en seis años.

Finalmente, los fiscales Nisman y Martínez Burgos se refieren a las conexiones entre Imanco y GTC:

“Las dos compañías tenían personal en común, como Bizari y Javadi-nia, que eran socios en Imanco, también trabajaron para GTC. Estos individuos, junto con Parvas, trabajaron más tarde (aunque luego del atentado de la AMIA) para South Beef S.A., otra compañía sospechada por la inteligencia argentina de haber sido una tapadera”.

Quizás, como una forma también “distinta” de comprender los negocios, es interesante detenerse un segundo en la actitud iraní luego del atentado. Mesbahi aludió a una reunión de funcionarios iraníes donde uno de los puntos a discutir era el “cómo se podía mejorar la situación de los iraníes, siendo el objetivo posibilitar a Irán – ante el hecho de que pudiera existir prueba de la participación iraní – pasar a un segundo plano en base a buenas relaciones comerciales con la Argentina”.

Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestran que en los tres meses siguientes al ataque contra la AMIA, las exportaciones a Irán se cuadruplicaron, una tendencia que se mantuvo también el siguiente año.

Esto, estimaban los fiscales, sugiere con fuerza que el aumento de las compras iraníes no era en absoluto una casualidad. De hecho, sostenían, “se puede decir que el objetivo de las políticas económicas de Irán en ese período era crear un dilema que pusiera a la Argentina en la posición de tener que decidir entre el aumento de ingresos por exportaciones y seguir insistiendo en que el gobierno iraní estaba detrás del ataque a la AMIA”.
 

5. Rabbani: mezquita y dinero

Viviana Maruffo, que era secretaria de la Embajada de Irán en la Argentina testificó que los gastos de la mezquita (At-Tauhid) fueron sufragados por la Embajada iraní. Además, de acuerdo con la documentación del Registro Nacional de la Propiedad Inmueble, en 1984 la mezquita era propiedad del gobierno de Irán.

El sheik de la mezquita era Mohsen Rabbani cuyos vínculos con Hezbollah, según los fiscales, puede ser rastreado a través de las operaciones de la mezquita At-Tauhid. Nisman y Martínez Burgos, además, indicaban que también es relevante, en este sentido, la información surgida de un informe de la Secretaria de Inteligencia respecto de una llamada efectuada el 3 de abril de 1992 por Rabbani a la casa del secretario del líder espiritual de Hezbolla, sheik Fadlallah en Beirut. La existencia de esta relación, razonaban los fiscales, es consistente con el testimonio de Mesbahi ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 3, que señaló que las principales actividades de Rabbani en la Argentina era estar a cargo de Hezbollah.

Uno de los elementos del caso que levanta muchas sospechas, son las considerables sumas de dinero que habían sido depositadas en las diversas cuentas en Argentina por Mohsen Rabbani durante el período que condujo al ataque. Los depósitos en estas cuentas aumentaron sustancialmente en la primera mitad de 1994, comparados con los de los mismos períodos en los dos años anteriores. Sumado a esto, se encuentra el hecho de que a su regreso a la Argentina desde Irán (a dónde había sido convocado para asistir a la reunión en la que se tomó la decisión de llevar a cabo el atentado), Rabbani abrió una cuenta en el Deutsche Bank a la que fueron transferidos unos 150 mil dólares en marzo y en abril de 1994 desde el extranjero.

De hecho, el informe de la Unidad de Investigación de la Oficina del Fiscal General explicaba que:

“Tres de las operaciones indican que los fondos en cuestión fueron transferidos desde el extranjero, originándose en el Banco Melli Irán y enviadas a la Unión de Bancos Suizos y al Deutsche Bank. Esto indica que los fondos mencionados fueron enviados desde Irán”.

Y explicaban sucintamente que el total de débitos de las cuentas de Rabbani entre 1992 y el 18 de julio de 1994 ascendía a 302.000 dólares. En los seis meses y medios previos al ataque (1 de enero a 18 de julio de 1994), Rabbani retiró 186.000 dólares, y durante el resto del año, 97.588 dólares. Los fiscales, entonces, afirmaban que:

“Por lo tanto, parece confirmarse que en el transcurso de 1994 Rabbani retiró 284.388 dólares de estas cuentas bancarias, un hecho que:

a. Fortalece la sospecha de que era quien estaba prestando apoyo financiero para el ataque previsto contra la AMIA.

b. Es consistente con la declaración de Mesbahi en el sentido de que Rabbani era el principal encargado de la logística para la operación a nivel local”.

A todo esto, también es menester señalar que, entre las fotos presentadas por la Secretaria de Inteligencia (SIDE en aquel entonces) y el testimonio de varios testigos, se probó que Rabbani (que entonces era el sheik de la mezquita At-Tauhid) realizó consultas en varios concesionarios de Buenos Aires para la compra de una furgoneta idéntica o similar a la que se utilizó como coche bomba en el ataque contra la AMIA.

Las pruebas contra Rabbani no terminan ahí. Según relataban los fiscales en su informe, unos minutos después de que la furgoneta fuera estacionada en un aparcamiento cercano al edificio de la AMIA, éste llamó a la mezquita At-Tauhid desde su teléfono móvil. Según la antena que se activó cuando se hizo la llamada, se pudo localizar a Rabbani en un lugar próximo al estacionamiento. Es más, los fiscales apuntaban que:

“… un análisis de los registros telefónicos en los expedientes del caso muestran que después de la llamada de Rabbani, se realizó otra llamada desde un teléfono público cerca de la mezquita At-Tauhid a un teléfono móvil en la ciudad de Foz de Iguazú, en la llamada Triple Frontera, que pertenecía a la persona que coordinó las actividades del grupo de operativos en Buenos Aires”.

Para los fiscales, otra circunstancia que disipa cualquier duda que pudiera existir en lo relativo a la participación de Rabbani y los más altos funcionarios iraníes en el ataque contra la AMIA, es el hecho de se le concedió estatus diplomático a Rabbani al ser designado como Agregado Cultural de la Embajada de irán en la Argentina sólo cuatro meses antes del ataque.

Así, los fiscales explicaban:

“La evidencia recolectada en el curso de la investigación del crimen nos ha posibilitado identificar a Rabbani, con el requerido grado de certidumbre, como la principal figura involucrada en los preparativos para ejecutar el ataque contra la AMIA”

 
6. Movimientos inusuales y partidas abruptas

En fechas sugerentes, debido a su proximidad con la fecha del ataque, la cantidad de correo y el número de funcionarios diplomáticos enviados por el gobierno iraní a la Argentina aumentó drásticamente y fuera de toda proporción en relación con la práctica anterior.

De acuerdo con la documentación de la Embajada argentina en Teherán, durante ese período no había ninguna razón, circunstancia o evento que pudiese haber justificado tal flujo de correo diplomático. Todo esto, comentaban los fiscales, “analizado a la luz de la evidencia en los expedientes, nos llevó a inferir que estas operaciones detectadas, ya fueran una cortina de humo, o sirvieran para transportar información y/o materiales sensibles, o ambas, fueron una consecuencia directa de las preparaciones que se estaban llevando a cabo para el ataque contra la AMIA”.

El informe indicaba que estas entradas de diplomáticos iraníes provenientes de Alemania, Irán, Chile, Brasil y Uruguay (en fechas muy cercanas al ataque), levantaron las sospechas acerca de la intención de estos individuos en la Argentina; la mayoría de los cuales, según indicaron varios testigos cualificados, tenían vínculos con la inteligencia iraní.

Aunque los fiscales indicaban en el documento que no se pudo corroborar la información facilitada por testigos acerca de estas personas y de los motivos de sus viajes y de su conexión, fundamentalmente, con el atentado contra la AMIA. Además, en el caso de uno de ellos, Barat Ali Balesh Abadi, no fue posible siquiera verificar su identidad.

A esto hay que añadir la precipitada partida de Ahmad Reza Asghari, el tercer secretario de la Embajada iraní, y ex miembro del Pasdarán; quien, de acuerdo a la evidencia del caso, también asistió a la reunión del Comité de Operaciones Especiales del 14 de agosto de 1993 en Mashad.

La partida de Asghari estaba originalmente programada para octubre de 1994. Por ello llama poderosamente la atención su inesperada partida el 8 de julio de ese año, diez días antes del ataque. De hecho, los fiscales señalaban que su partida fue tan precipitada que la Embajada iraní omitió informar la fecha exacta en que oficialmente cesó sus funciones, poro lo que el Ministerio de Exteriores Argentinos no tuvo otra alternativa que utilizar la fecha en que se informó de su viaje (23 de julio) como fecha oficial.

E indicaban que:

“… surge una particularidad llamativa sobre papel de Asghari en la Embajada del testimonio de las secretarias de la Embajada María Gabriela Iglesias y Viviana Paula Maruffo, en el sentido de que desde el principio, Asghari se convirtió en la única persona que recogió el correo diplomático en el aeropuerto de Ezeiza, una tarea que hasta ahora habían sido realizada por los chóferes de la Embajada. Esto fue corroborado por uno de los conductores, Juan Carlos Saucedo”.

Otro dato relevante es la oportuna partida de embajadores iraníes de países vecinos. 18 días antes del ataque, cuando la operación había entrado en su fase final, el embajador iraní en la Argentina, Hadi Soleimanpour viajó a Miami, retornando poco después del atentado. En otras palabras, remarcaban los fiscales, el funcionario iraní de más rango estuvo temporalmente fuera del país, así como los embajadores en Chile y Uruguay, quienes tomaron el mismo vuelo a Frankfurt un día antes del ataque.

Los fiscales arribaron a la conclusión de que se trató de una maniobra por parte del gobierno iraní para evitar que sus funcionarios – y por extensión, el propio gobierno iraní – fuesen implicados en el ataque.
 

7. ¿Los "motivos" del atentado?

Entre la insistencia de algunos medios sobre la llamada “pista siria”, lo que daba más “fuerza” al argumento (suposiciones, en realidad), era justamente las razones del ataque. La prensa parecía obviar las motivaciones iraníes y se centraba en las sirias. De alguna manera, habían decidido que unas eran más sólidas que otras, o que unas (las iraníes), directamente no existían.

Por ejemplo, Página12, publicaba el 11 de diciembre de 2003 un artículo donde se planteaba que:

“Que durante la campaña electoral para la presidencia, Carlos Menem cerró acuerdos con el régimen sirio.


Que esos acuerdos consistían en que Damasco aportaba fondos para la campaña y, a cambio, Menem cumpliría con algunos pedidos sirios.


Uno de los pedidos clave tenía relación con tecnología nuclear. El ex embajador Oscar Spinoza Melo incluso testificó que delante suyo hubo una negociación en la que Menem prometió tecnología nuclear. El entonces tesorero de la campaña de Menem, Mario Rotundo, también aportó en una causa judicial la fotocopia de un cheque que constituía un aporte del gobierno libio a la campaña presidencial de Menem.


En ese marco, luego de acceder a la Casa Rosada, el riojano les habría dado la espalda a los compromisos asumidos.


Como represalia, se habría diseñado el atentado contra la AMIA, presuntamente ejecutado por la organización libanesa Hezbollah. El Líbano, por entonces, estaba bajo el protectorado sirio.


La hipótesis es que Menem quería, a toda costa, alejar la investigación del atentado de la pista siria para mantener oculta esta trama”.

La crónica olvidaba mencionar los contratos de transferencia de tecnología nuclear entre la Argentina e Irán, cancelados por la Argentina, y los vínculos entre Irán-Hezbollah-Siria (la realidad hoy, en la zona, los ha evidenciado aún más, si cabe).

Escribían los fiscales:

“También hemos dejado claramente establecida la existencia de un motivo con un antecedente directo que, de acuerdo a la perversa lógica fundamentalista, proveyó a los funcionarios gubernamentales iraníes de una razón que ‘justificaba' una acción de las características del atentado contra la AMIA, y que estaba relacionado con la inesperada decisión por parte de la Argentina de cancelar los contratos de transferencia de tecnología nuclear que habían sido firmados entre Irán y la Argentina… esta decisión supuso un impedimento para la estrategia iraní de desarrollo de su programa nuclear”.

El primer contrato había sido firmado el 4 de mayo de 1987 entre la Comisión de Energía Atómica de Irán y la empresa argentina INVAP Sociedad del Estado (creada en 1970 por un convenio entre la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina – CNEA - y la Provincia de Río Negro). “El contrato establecía que INVAP debía convertir el núcleo del reactor del centro de investigaciones nucleares en Teherán, en una instalación que podía utilizarse para 20% en enriquecimiento del isótopo 235”.

El informe ampliaba:

“Posteriormente, en 1988, se firmaron otros dos contratos entre las mismas partes, para el aprovisionamiento de una planta piloto para la purificación y transformación de uranio, y para el aprovisionamiento de una planta piloto para fabricar elementos combustibles. Ambos proyectos debían realizarse por el Centro de Tecnología Nuclear de Esfahan”.

El trabajo se puso en marcha a principios de 1991. De hecho, acotaban los fiscales, INVAP ya había comenzado a fabricar los elementos necesarios para cumplir con el contrato, y el primer envío para Irán fue programado para principios de diciembre de 1991.

Entonces, el ex presidente de la CNEA ordenó la suspensión del envío del material a Irán nuclear el 11 de diciembre de 1991. Esto cancelaba el primer contrato. El 27 de mayo de 1992, según se explica en el informe, el presidente de la CNEA recibió una nota del Ministerio de Exteriores informándole de la cancelación definitiva de los contratos entre la agencia atómica iraní y la empresa estatal INVAP.

Nisman y Martínez Burgos, exponían entonces que:

“En el momento del atentado de la AMIA, la situación en la Argentina era la siguiente: sus fronteras eran permeables; su sistema de control de inmigración era ineficiente, y el estatus de la investigación del atentado contra la Embajada de Israel dos años antes indicaba que era poco probable que los autores fuesen aprehendidos. Todo esto hacía de la Argentina la elección adecuada no sólo como un centro para las actividades de la inteligencia iraní, sino también (y sobre todo), como objetivo de un nuevo ataque. Pero al mismo tiempo, este contexto debe contemplarse contra el telón de fono de la terminación, por parte de la Argentina, de su acuerdo de transferencia de material nuclear con Irán – una circunstancia que, en nuestra opinión, sin duda tuvo mucho peso en la decisión de Irán de llevar adelante un atentado terrorista en la Argentina”.
 

8. El terrorista suicida

La primera información concreta y relevante en lo relativo a Ibrahim Berro deriva de una reunión que tuvo lugar el 9 de octubre de 2001 en Montevideo, Uruguay, entre representantes de la Secretaria de Inteligencia argentina, el FBI y una fuente cuya identidad es secreta.

Los fiscales, en su informe, resumían:

“Se ha demostrado concluyentemente que el 18 de julio de 1994 Ibrahim Berro, libanés y miembro de Hezbollah, conducía la furgoneta Renault Trafic que explotó frente a la AMIA, matando a Berro… Es importante subrayar… que la militancia de Ibrahim Berro como un miembro activo de Hezbollah es un hecho que fue reconocido por su hermanos y por el propio Hezbollah”.

Según un informe de una “unidad colateral” de la Secretaría de Inteligencia – explicaban Nisman y Martínez Burgos -, Berro viajó del Líbano a la Triple Frontera varios días antes de la fecha fijada para el ataque. Este viaje lo realizó en compañía de un residente paraguayo de nombre Saad, y al arribar a la Triple Frontera se alojó en casa de los hermanos Fuad Ismael y Abdallah Ismael, que se cree que eran miembros de Hezbollah.

Un artículo del diario La Nación, del 10 de noviembre de 2005, daba cuenta de la entrevista de los hermanos de Berro residentes en Estados Unidos con los fiscales Nisman y Martínez Burgos:

“En abril pasado [2009], agentes del FBI y uno de la SIDE se entrevistaron con los Berro y obtuvieron una foto de Ibrahim Hussein, pero esa información de inteligencia, clasificada como confidencial, debía convertirse en prueba judicial válida.

En secreto, los fiscales Nisman y Martínez Burgos viajaron el 18 y 19 de septiembre a Detroit donde interrogaron a los hermanos Berro, a través de la fiscal de la Unidad de Contraterrorismo de la Fiscalía de Michigan Bárbara Mc Quade”.

Hezbollah anunció que Ibrahim Berro había muerto en combate contra tropas israelíes en el sur del Líbano, y que su cuerpo no se había podido recuperar. El testigo entrevistado en Montevideo declaró que en ocasiones Hezbollah anuncia la muerte de “militantes” como si hubiesen ocurrido en el Líbano, cuando en realidad ocurrieron, por ejemplo, en Kosovo.

El artículo de La Nación, indicaba, a su vez, que los fiscales dijeron que la idea de darlo como fallecido era, justamente, para encubrir su participación en el ataque contra la AMIA.

Según relataba el informe de los fiscales, el hermano de Ibrahim, Hassan, recordó que Hassan Nasrallah, Secretario General de Hezbollah, asistió al funeral de su padre. Un dato extremadamente llamativo. Además, el discurso que pronunció en el funeral el líder de Hezbollah fue, según las palabras de Hassan, “transmitido en la televisión nacional. Todas las cadenas de televisión estaban allí…”.Durante el discurso, Hassan refirió que Nasrallah dijo que su padre (por Hassan Berro) había “criado a dos suicidas”.

Uno de los hermanos Berro, Assad, murió el 8 de agosto de 1989 en un atentado suicida con coche bomba contra un convoy militar israelí cerca de Kile-Tel Nahs. Así, no puede haber otra explicación en las palabras de Nasrallah que un reconocimiento de que Ibrahim Berro fue quien murió en el atentado contra la AMIA. No había, ningún otro hermano que hubiere muerto durante un atentado terrorista suicida.

Por su parte, la Corte ordenó el 20 de julio de 2005 que se realizara una investigación comparativa entre el identikit elaborado (72 horas después del atentado) a partir del testimonio de María Nicolasa Romero (quien vio a Berro conduciendo la furgoneta Trafic) y dos fotografías de Ibrahim Berro que facilitaron sus hermanos en Estados Unidos. Los resultados de este examen indican que Ibrahim Berro es la persona que aparece en ambas fotos y que éstas coinciden con el identikit.
 
 
Fuente: La Nación
 
 
En cuanto al comunicado del supuesto grupo terrorista Ansar Allah, en el que se hacía responsable por el atentado, los fiscales indicaban que Ansar Allah era uno de los muchos nombres ficticios que Hezbollah utilizaba para reclamar la autoría por sus ataques:
 
“Es más, la experiencia ha demostrado que Hezbollah ha adoptado habitualmente este método con el claro propósito de evitar la censura que las varias acciones que ha llevado a cabo, excepto por aquellas realizadas en el Líbano…”.
 

9. Pedidos de captura

Los fiscales finalizaban su informe pidiendo a la Corte la emisión de un pedido nacional e internacional de captura, por su probada responsabilidad en el ataque contra la AMIA, para:

Ali Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani, presidente de Irán de 1989 a 1997.

Ali Fallahijan, ministro iraní de Inteligencia de 1989 a 1997.

Ali Akbar Velayati, ministro de Exteriores de Irán entre 1981 y 1997.

Mohsen Rezai, comandante de la Guardia Revolucionaria de 1993 a 1994.

Ahmad Vahidi, comandante de la Fuerza Qudas de la Guardia Revolucionaria entre 1993 y 1994.

Mohsen Rabbani (alias Khokat Al Aslam Munan), agregado cultural iraní en Argentina entre el 3 de marzo de 1994 y el 19 de mayo de 1998 –.

Ahmad Reza Asghari o Mohsen Radjbaran, tercer secretario de la Embajada iraní en Buenos Aires entre 1991 y 1994.

Imad Fayez Moughnieh, (también identificado como Imad Fawaz Mughniyah, Mugniyah, Mugniya, Mughniya, Moughniyah, Mujniyah, Mughnie o Mughniye; con los alias conocidos: Haidar Khadr-Jadr-Husayn, Khodor-Jodr-Haidar Khodr, Hussein-Husein-Haidar-Aidar, Hader-, Abou Faour – Faur-, Jihad Fuad – Fouad -, Abou Faour Jihad Fuad – Fouad -, Ahmad Mustafa Chamran –Shamran-, Fuad Abu Fahrur, Jihad Fouad Abu Faour, Ali Mahmoud Moughnie, Mahmoud Kutami, HIbba Rajayi y Mustafa Yassine), jefe del Servicio Externo de Hezbollah en 1994.

 
El jurista Alessandro Spinillo, especialista en Derecho Internacional, en un informe del 21 de febrero de 2013 indicaba que:

“Las evidencia de Nisman parecían tan creíbles que la Interpol respaldó el pedido realizado por la Argentina y emitió ‘notificaciones rojas' para seis de los ocho iraníes sospechosos, a pesar de la feroz oposición de la Oficina Nacional Iraní. Al emitir ‘notificaciones rojas', debe señalarse que Interpol no se limita a estampar ‘un sello de goma', sino que hace una revisión del pedido y de las pruebas incriminatorias presentadas en el mismo”.

 
Memorándum

Casi 19 años después, y a pesar de las pruebas expuestas por el Fiscal General Alberto Nisman y el Fiscal de Distrito Marcelo Martínez Burgos, el gobierno argentino firmó un Memorándum de Entendimiento con el Gobierno de la República Islámica de Irán sobre los temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA y la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) en Buenos Aires, en la calle Pasteur 633.

La editorial del 2 de Julio de 2013 del diario La Nación sostenía que:

“El memorándum de entendimiento con el gobierno de Irán pone en peligro la investigación realizada tras el apartamiento del juez Juan José Galeano de la causa por el ataque a la sede de la mutual y en la que se encuentran imputados y con pedido de captura internacional varios ciudadanos iraníes. De ahí lo absurdo que resulta el acuerdo con el país que protege y cobija a quienes la justicia argentina ha señalado como los responsables del peor atentado terrorista que ha sufrido nuestro país en su historia”.

El mismo periódico, en un artículo del 17 de junio de 2013 informaba que

“Fuentes calificadas de la Cancillería y de la diplomacia iraní dijeron a LA NACION que la intención de Teherán al momento de firmar el memorándum por la causa AMIA era restablecer la causa de encubrimiento que lleva a "la pista siria". Esa investigación vinculó a ciudadanos sirios con el atentado, hechos que supuestamente luego buscaron ocultar en la pesquisa tanto Menem como el juez Galeano y el ex jefe de la SIDE, entre otros”.

Spinillo, en el informe mencionado anteriormente, sostenía que el mandato de la llamada “Comisión de la Verdad” que establece el memorándum, se limitará a emitir “recomendaciones sobre cómo proceder con el caso dentro de los marcos legales y reglamentarios de las partes”. Esto significa - explicaba Spinillo - que la Comisión no tendrá autoridad alguna para perseguir el delito e imponer sanciones a los autores intelectuales y materiales.

Y afirmaba que:

"… la comisión también interferirá de manera indebida con, y causará un retraso adicional a, los procedimientos judiciales penales argentinos en curso. Según dicho memorándum, juez argentino Rodolfo Canicoba y el fiscal argentino Alberto Nisman se verán obligados a interrogar a los sospechosos iraníes en Teherán en lugar de Buenos Aires, lo cual es inaceptable en esta etapa del procedimiento. Los sospechosos no eran buscados simplemente para ser cuestionados en el marco de una investigación preliminar, sino que eran buscados para ser juzgados en Argentina. Y Canicoba y Nismam se verán impedidos para interrogar a los sospechosos hasta que la comisión sea nombrada y todos sus miembros sean capaces de reunirse en Teherán… Es más, el memorando no prevé ningún tipo organismo de control internacional u observador (ya sea de la ONU o de otro tipo) para supervisar la equidad de los procedimientos de la comisión y su independencia”.

Memorándum deriva del latín memorandum, cosa que debe recordarse. ¿Es eso lo que quiere Irán? Y, ¿qué quiere Argentina?

 
 
 
 
El verdadero Memorandum
 
 

SILVANA ALGUEA DE RODRIGUEZ

Argentina, 28 años. Asistente Social. Trabajaba en el Servicio Social de la AMIA.

JORGE ANTUNEZ

Argentino, 18 años. Trabajaba como mozo en un bar de Tucumán y Corrientes.

MOISES GABRIEL ARAZI

Argentino, 22 años. Estudiante. Esperaba en la Bolsa de Trabajo de la AMIA.

CARLOS AVENDAÑO BOBADILLA

Chileno, 61 años. Electricista. Trabajaba en Maestranza de la AMIA.

YANINA AVERBUCH

Argentina, 20 años. Estudiante. Trabajaba en el Servicio Social de la AMIA.

NAUM BAND

Argentina, 55 años. Trabajaba en el sector Vigilancia de la AMIA.

SEBASTIAN BARREIRO

Argentino, 5 años. Pasaba por la puerta de la AMIA, de la mano de su mamá.

DAVID BARRIGA

Boliviano, 28 años. Trabajaba en las refacciones de la AMIA.

HUGO NORBERTO BASIGLIO

Argentino, 47 años. Electricista. Trabajaba en las refacciones de la AMIA.

REBECA VIOLETA BEHAR DE JURIN

Argentina, 58 años. Ama de casa, obstetra. Vecina de la calle Pasteur, pasaba por la puerta de la AMIA.

DORA BELGOROSKY

Argentina, 54 años. Trabajaba en la Bolsa de Trabajo de la AMIA.

FAVIO ENRIQUE BERMUDEZ

Argentino, 26 años. Trabajaba en la imprenta Chyiesa y Galarraga, frente a la AMIA.

ROMINA AMBAR LUJAN BOLAND

Argentina, 19 años. Empleada y estudiante. Pasaba por la puerta de la AMIA camino a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

EMILIANO GASTON BRIKMAN

Argentino, 20 años. Estudiante. Esperaba en la Bolsa de trabajo de la AMIA.

GABRIEL BUTTINI

Argentino, 36 años. Electricista. Trabajaba en las refacciones de la AMIA.

VIVIANA ADELA CASABE

Argentina, 24 años. Diseñadora gráfica. Integraba el personal de la DAIA.

PAOLA SARA CZYZEWSKI

Argentina, 21 años. Estudiante de abogacía. Estaba circunstancialmente en le edificio de la AMIA.

JACOBO CHEMAUEL

Argentino, 56 años. Trabajaba en el Sector Maestranza de la AMIA.

CRISTIAN ADRIAN DEGTIAR

Argentino, 21 años. Estudiante de Abogacía. Integraba el personal de la DAIA.

DIEGO DE PIRRO

Argentino, 23 años. Estudiante, empleado en la DGI. Vecino de la calle Pasteur, frente a la AMIA.

RAMON NORBERTO DIAZ

Argentino, 53 años. Encargado del edificio que se encuentra frente a la AMIA.

NORBERTO ARIEL DUBIN

Argentino, 33 años. Subjefe del Sector sepelios de la AMIA.

FAIWEL DYJAMENT

Polaco, argentino naturalizado, 73 años. Empleado. Esperaba en la Bolsa de Trabajo de la AMIA.

AIDA MONICA FELDMAN DE GOLDFEDER

Argentina, 39 años. Se desconocen otros datos y las circunstancias por las que se hallaba en las inmediaciones de la AMIA.

ALBERTO FERNANDEZ

Argentino, 54 años. Hacia repartos de panadería. Pasaba a cobrar a unos clientes de la calle Pasteur.

MARTIN FIGUEROA

Argentino, 47 años. Electricista. Trabajaba en las refacciones de la AMIA.

INGRID FINKELCHTEIN

Argentina, 18 años. Esperaba en la Bolsa de Trabajo de la AMIA.

LEONOR GUTMAN DE FINKELCHTEIN

Argentina, 42 años. Esperaba en la Bolsa de Trabajo de la AMIA.

FABIAN MARCELO FURMAN

Argentino, 30 años. Esperaba en el Sector Sepelios de la AMIA.

GUILLERMO BENIGNO GALARRAGA

Argentino, 45 años. Socio de la imprenta y casa de fotocopias Chiesa y Galarraga, de Pasteur 630.

ERWIN GARCIA TENORIO

Boliviano. Trabajaba en las refacciones de la AMIA.

JOSE ENRIQUE GINSBERG

Argentino, 43 años. Director del sector Sepelios de la AMIA.

CYNTHIA VERONICA GOLDENBERG

Argentina, 20 años. Integraba el personal de la DAIA.

ANDREA JUDITH GUTERMAN

Argentina, 28 años. Maestra jardinera. Esperaba en la Bolsa de Trabajo de la AMIA.

SILVIA LEONOR HERSALIS

Argentina, 42 años. Esperaba en la Bolsa de Trabajo de la AMIA.

CARLOS HILU

Argentino, 36 años. Jefe del Sector Vigilancia de la AMIA.

EMILIA JAKUBIEC DE LEWCZUK

Argentina, 58 años. Pasaba por la puerta de la AMIA.

MARIA LUISA JAWORSKI

Argentina, 55 años. Ama de casa, empleada domestica. Esperaba en la Bolsa de Trabajo de la AMIA.

ANALIA VERONICA JOSCH

Argentina, 20 años. Esperaba en la Bolsa de trabajo de la AMIA.

CARLA ANDREA JOSCH

Argentina, 17 años. Esperaba en la Bolsa de Trabajo de la AMIA.

ELENA SOFIA KASTIKA

Argentina, 54 años. Pasaba por la puerta de la AMIA.

ESTHER KLIN

Argentina, 49 años. Ama de casa. Esperaba en la Bolsa de Trabajo de la AMIA.

LEON GREGORIO KNORPEL

Argentino, 53 años. Corredor. Esperaba en la Bolsa de Trabajo de la AMIA.

BERTA KOZUK DE LOSZ

Argentina, 67 años. Pasaba por la puerta de la AMIA rumbo a su trabajo.

LUIS FERNANDO KUPCHIK

Argentino, 42 años. Arquitecto, comerciante. Tramitaba un sepelio en las oficinas de la AMIA.

AGUSTIN DIEGO LEW

Argentino, 21 años. Estudiante. Trabajaba en el sector sepelios de la AMIA.

JESUS MARIA LOURDES

Se desconocen sus datos personales y las circunstancias por las cuales se hallaba en las inmediaciones de la AMIA.

ANDRES GUSTAVO MALAMUD

Argentino, 37 años. Arquitecto. Dirigía las refacciones del edificio de la AMIA.

GREGORIO MELMAN

Argentino, 53 años. Trabajaba en el sector Vigilancia de la AMIA.

ILEANA MERCOVICH

Argentina, 21 años. Fotógrafa, estudiante. Esperaba en la Bolsa de Trabajo de la AMIA.

NAON BERNARDO MIROCHNIK

Argentino, 62 años. Trabajaba como mozo en la AMIA.

MONICA NUDEL

Argentina, 36 años. Vendedora. Pasaba por la calle Pasteur.

ELIAS ALBERTO PALTI

Argentino, 38 años. Comerciante. Acompañaba a unos amigos a tramitar un sepelio en las oficinas de la AMIA.

GERMAN PARSONS

Argentino, 29 años. Artista plástico, escenógrafo. Vivía frente al edificio de la AMIA.

ROSA PERELMUTER

Argentina, 48 años. Trabajaba como telefonista en el conmutador de la AMIA.

FERNANDO ROBERTO PEREZ

Argentino, 47 años. Plomero, gasista. Trabajaba en las refacciones de la AMIA.

ABRAHAM JAIME PLAKSIN

Polaco, argentino naturalizado, 61 años. Egresado del Instituto Superior de Estudios Judaicos. Trabajaba en el Departamento de Cultura de la AMIA.

SILVIA INES PORTNOY

Argentina, 25 años. Cosmetóloga, cosmiatra. Esperaba en la Bolsa de Trabajo de la AMIA.

OLEGARIO RAMIREZ

Argentino, 46 años. Trabajaba en le Sector Maestranza de la AMIA.

NOEMI GRACIELA REISFELD

Argentina, 36 años. Trabajaba en le Servicio Social de la AMIA.

FELIX ROBERTO ROISMAN

Argentino, 48 años. Químico. Pasaba por la puerta de la AMIA rumbo a su trabajo.

MARISA RAQUEL SAID

Argentina, 22 años. Estudiante universitaria. Recepcionista de la AMIA.

RICARDO HUGO SAID

Argentino, 41 años. Trabajaba en el Sector Vigilancia de la AMIA.

RIMAR SALAZAR MENDOZA

Boliviano, 32 años. Trabajaba en las refacciones de la AMIA.

FABIAN SCHALIT

Argentino, 33 años. Licenciado en economía. Tramitaba un sepelio en las oficinas de la AMIA.

PABLO SCHALIT

Argentino, 32 años. Tramitaba un sepelio en las oficinas de la AMIA.

MAURICIO SCHIBER

Argentino, 65 años. Trabajaba en el Sector Vigilancia de la AMIA.

NESTOR AMERICO SERENA

Argentino, 51 años. Ingeniero mecánico. Trabajaba en las refacciones de la AMIA.

MIRTA STRIER

Argentina, 42 años. Trabajaba en le Centro Marc Turkow de la AMIA.

LILIANA EDITH SZWIMER

Argentina, 22 años. Estudiante de diseño gráfico. Pasaba casualmente frente a la AMIA.

NAUM JAVIER TENENBAUM

Argentino, 30 años. Abogado. Estaba haciendo un tramite de sepelios en la AMIA.

JUAN CARLOS TERRANOVA

Argentino, 52 años. Distribuidor de sustancias alimenticias. Estaba descargando mercadería en la calle Pasteur.

EMILIA GRACIELA BERELEJIS DE TOER

Argentina, 44 años. Esperaba en la Bolsa de Trabajo de la AMIA.

MARIELA TOER

Argentina, 19 años. Estudiante. Esperaba en la Bolsa de Trabajo de la AMIA.

MARTA TREIBMAN

Argentina, 30 años. Empleada administrativa del Servicio Social de la AMIA.

ANGEL CLAUDIO UBFAL

Argentino, 34 años. Jefe del Sector Sepelios de la AMIA.

EUGENIO VELA RAMOS

Boliviano, 17 años. Ayudante de obra. Trabajaba en las refacciones de la AMIA.

JUAN VELA RAMOS

Boliviano, 21 años. Ayudante de obra. Trabajaba en las refacciones de la AMIA.

GUSTAVO DANIEL VELAZQUEZ

Argentino, 16 años. Estudiante. Vecino de la calle Pasteur.

ISABEL VICTORIA NUÑEZ DE VELAZQUEZ

Argentina, 51 años. Empleada administrativa. Vecina de la calle Pasteur.

DANILO VILLAVERDE

Argentino, 20 años. Electricista y tapicero. Trabajaba en las refacciones de la AMIA.

JULIA SUSANA WOLYNSKI DE KREIMAN

Argentina, 48 años. Responsable de la Bolsa de Trabajo de la AMIA.

RITA WORONA

Argentina, 37 años. Trabajaba en el Sector Sepelios de la AMIA.

ADHEMAR ZARATE LOAYZA

Boliviano, 31 años. Albañil. Trabajaba en la refacción de la AMIA.

 
 
 
 
 
 
         
      Portada | Temas | Países | Publicaciones | Acciones | Sobre Ética | Contáctenos | Enlaces  
         
 
ReVista Copyright 2008-2009