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Lugares sagrados, profanos silencios
por Marcelo Wio
26 de Febrero de 2018

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Radio 5, de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVEdespachaba en menos de un minuto la noticia sobre el cierre de la iglesia del Santo Sepulcro por parte de las iglesias cristianas de Jerusalén en protesta por el cobro de impuestos inmobiliarios a sus propiedades en dicha ciudad no destinadas al culto religioso.

Lo hacía basándose exclusivamente en las afirmaciones de los líderes religiosos cristianos. Y lo hacía mal. Al punto que el medio afirmaba que “se les exige [a las iglesias] pagar el IBI [impuesto inmobiliario] por centros religiosos, escuelas y hospicios para peregrinos”. Algo que no es cierto:

“… la decisión anunciada hace algunas semanas por la municipalidad israelí de Jerusalén de hacerles pagar impuestos sobre sus propiedades, que no sean lugares de culto o educación religiosa, pero que tengan actividades comerciales que generan ingresos”. (swissinfo.ch)

“… el Ayuntamiento de Jerusalén ha cancelado una exención de impuestos otorgada a las propiedades comerciales propiedad de la iglesia en la ciudad y ha comenzado a demandar pagos atrasados de las iglesias.

… el alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, afirma que la ley es igual para cristianos, musulmanes y judíos. Al igual que todas las iglesias, sinagogas y mezquitas, también la Iglesia del Santo Sepulcro sigue estando exenta de pagar impuestos locales...

Sin embargo, edificios comerciales que son propiedad de las iglesias, como hoteles u oficinas, deben pagar esos impuestos. Según Barkat, los edificios de ese tipo propiedad de la Iglesia tienen deudas que ascienden a 650 millones de shekels (unos 186 millones de dólares). Por ello se congelaron las cuentas eclesiales”. (La Nación)

Por su parte, la también española agencia de noticias Europa Press omitía dar cuenta de qué es lo que graba impositivamente el ayuntamiento jerosolimitano, dando a entender que los lugares de culto también están incluidos en tal medida. En su lugar, reproducía ampliamente las acusaciones e injurias lanzadas por el patriarca griego, que no aportaban ninguna explicación sobre el asunto, sino una emoción encendida impropia de su cargo. Algo que, por lo demás, también encontró extensa y prioritaria cobertura en la práctica totalidad de los medios en español, antes aún de la aclaración de a qué propiedades afectan las medidas fiscales.

En tanto, la radio española afirmaba además que “el ayuntamiento de Jerusalén ha secuestrado bienes, propiedades y cuentas bancarias para asegurarse” el cobro de lo adeudado. Las cuentas bancarias no han sido “secuestradas”, sino congeladas. Y en cuento a los bienes, no ha ocurrido tal cosa. En su lugar, el diario español El País informaba que el cierre del lugar santo se produjo el mismo día en el que el Gobierno israelí tenía previsto debatir un proyecto de ley por el que se permitiría al Estado expropiar las tierras cedidas o vendidas en los últimos años por las diferentes iglesias a entidades privadas.

Según swissinfo.ch, el mencionado proyecto de ley “busca aliviar los temores de ciudadanos israelíes que viven en casas construidas en tierras que eran propiedad de la Iglesia greco ortodoxa y que recientemente fueron vendidas a inversores privados”:

Los residentes israelíes temen ser expulsados por los nuevos propietarios de esos terrenos con el fin de construir proyectos inmobiliarios”.

En tanto, el diario argentino La Nación señalaba que dicho proyecto legislativo fue impulsado por la diputada Rachel Asaria, del partido de centro Kulanu. La parlamentaria, explicaba el medio, alega que solo afecta terrenos ya vendidos a inversores privados y que nunca se tocarán terrenos que sigan siendo propiedad de la iglesia:

Su objetivo es proteger las viviendas de cientos de personas que habitan en terrenos que la iglesia vendió demasiado baratos a constructores privados”.

De hecho, la citada parlamentaria declaró (Ha'aretz, versión en hebreo; según traducción de CAMERA):

Los bajos precios pagados por barrios enteros ponen de manifiesto la naturaleza especulativa del trato. En este asunto, el Patriarcado no es relevante pues involucra tierras vendida a promotores privados”.

Una ley, al parecer, que pretende proteger a pequeños propietarios e inquilinos de, como se denomina en España, los “pelotazos inmobiliarios”.
 
 
 
 
         
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